El 14 de enero del presente año asumió el cargo de Presidente de la República de Guatemala Otto Pérez Molina, con este hecho las esperanzas de los guatemaltecos y guatemaltecas renacieron esperando un cambio en la dirección del país.
A 11 meses de haber asumido el cargo, la situación del país continúa convulsionada, muchas crisis ha pasado el mandatario y sus acciones se han visto marcadas por un conjunto de malas decisiones que han repercutido en el repudio social.
El GAM presenta a continuación una evaluación de lo que el 2012 ha dejado para la nación, tomando en cuenta las acciones positivas y negativas, esto es lo que marcó el primer año de gobierno.
Seguridad
La seguridad en el país ha sido un tema de suma importancia a tratar por los gobiernos de turno, es poco lo que estos han podido lograr ya que esta obedece a factores estructurales muy profundos que de no ser atendidos en su complejidad, los esfuerzos que cualquier gobierno lleve a cabo serán únicamente una intensión más pero no una solución.
El país sufre serios problemas de exclusión social, salud, educación y trabajo como derechos fundamentales de los guatemaltecos, derechos que están siendo continuamente atropellados. A lo anterior se suman las mafias y el crimen organizado el cual ha permeado el Estado y sus instituciones, agudizando los índices de violencia e inseguridad al proporcionar condiciones favorables para la impunidad y la corrupción, situación que a su vez mengua el andar del bagaje estatal para procurar las garantías de las y los guatemaltecos.
En su primer año de gobierno el Presidente Otto Pérez Molina, ha expresado públicamente interés en el tema de violencia y seguridad, llevando a cabo la incorporación de fuerza de tarea especializadas a la Policía Nacional Civil e incorporando al ejército en el trabajo de control de violencia en las aéreas urbanas. Esta situación ha sido bien recibida por la ciudadanía que ante la ola de violencia vive espera un remedio inmediato a tal situación. Sin embargo a criterio del GAM ha llegado el momento de pasar de la declaración a la práctica.
La implementación de estas fuerzas de tarea en trabajo conjunto con el ejército ha sido una de las acciones positivas en el combate a este fenómeno tan desastroso como es la violencia, logrando en el periodo de los once meses transcurridos un descenso en la misma del 2% en relación al año anterior, lo que sin duda es un avance positivo, principalmente para algunas de las áreas de alto riesgo de la capital conocidas como zonas rojas donde destaca la zona 18, la cual ha reducido considerablemente el número de muertes violentas desde la implementación en el mes de septiembre de la fuerza de tarea Maya.
Sin embargo el avance del 2% en reducción de la violencia no llena la expectativa latente a la promesa hecha en campaña por el hoy presidente Otto Pérez Molina, quien prometiendo la reducción de la violencia en el país en un 20% durante su primer año de gobierno, la cual no ha podido cumplir por un 18% , a esto también se suma el hecho de que no ha habido avance en el trabajo a la reforma policial, la cual pretende mejorar la calidad y la preparación de los agentes de la Policía Nacional Civil para la seguridad ciudadana. De no existir el fortalecimiento a la entidad encargada de la seguridad ciudadana, solamente se estarán emprendiendo acciones de emergencia como las tarea de seguridad mencionadas, las cuales tienen por el momento una buena función pero su sostenibilidad puede ser cuestionable debido a que se focalizan en unos pocos sectores y, a que la seguridad depende de su permanencia en estos.
Sin duda el reto es grande para lograr reducir los índices de violencia en el país y no puede lograse en tan poco tiempo, es una tarea primordial brindar atención a los detonantes mencionados al inicio, que al final del día son los causantes de la violencia, es preciso recordar que es deber del Estado brindar las garantías básicas para sus habitantes, principalmente el resguardo de la vida, pero a su vez también debe generar las condiciones idóneas para que estos mismos puedan desarrollarse y contribuir al cambio tan necesario para el país.
Transparencia
A partir del discurso a favor de la transparencia abanderado por el partido oficial durante las elecciones del 2011, resulta pertinente hacer la evaluación del primer año de gobierno, sobre todo por la expectativa que desde el binomio presidencial se origino en el tema.
Separamos lo positivo de lo negativo, sin embargo adelantamos que el gobierno de Otto Pérez Molina ha fallado, las expectativas que se generaron han sido frustradas y la población ha tenido que enfrentar al igual que con el gobierno anterior altos niveles de corrupción.
Lo bueno:
ü La labor de la Contraloría General de Cuentas -CGC- llevó a esta institución a realizar reparos por un monto de Q.1 mil 475 millones a distintas entidades encargadas de ejecutar obra pública. Malos procedimientos en adjudicaciones fueron denunciados por Nora Segura de Delcompare, funcionaria encargada del ente, sin embargo acciones penales se entrampan en el Ministerio Público –MP- y quedan impunes.
ü La CGC multó por un monto de Q.47 millones a 41 Organizaciones No Gubernamentales -ONG- que ejecutan obra pública. El monto de los contratos ascendía a un total de Q.464 millones y los nombres de las mismas fueron públicamente dados a conocer. No obstante la Fiscal General del MP, Claudia Paz y Paz no tiene ningún interés en investigar estos casos, puesto que las denuncias por corrupción que se dieron en el año suman un total de 480 casos que no han tenido mayor avance en su proceso.
ü La aprobación de la Ley contra la Corrupción, a pesar del cuestionable proceso de su sanción, supone un instrumento más para que el país pueda dar cumplimiento a la Convención Interamericana contra la Corrupción. A partir de ahora se debe velar por su estricto cumplimiento y evitar las prácticas corruptas de los servidores públicos.
Lo malo:
ý El poco respeto que los actuales funcionarios han tenido a la Ley de Contrataciones del Estado para adquirir servicios y productos. Entidades centralizadas y descentralizadas han hecho uso del modelo de compra directa, las cuales hasta hace un mes ascendían a un total de Q.285 millones. A manera de ejemplo podemos mencionar casos como la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad –SAAS-, el Ministerio de Desarrollo Social y el Fondo Nacional para la Paz –FONAPAZ-. Este mecanismo comprende desde la fragmentación de las compras, hasta el beneficio de un solo proveedor.
ý La incesante corrupción que se da en el FONAPAZ-. La adquisición de pilas y láminas a precios sobrevalorados provocaron que la compra de las primeras se suspendiera. Este al igual que otros fideicomisos del Estado se han convertido en focos principales de la corrupción. Ni el Ministerio de Finanzas ni el Banco de Guatemala y tampoco la Superintendencia de Bancos coinciden en los montos dados en administración al sector bancario por todos los fideicomisos. Esta ultima estima que al final de 2011 los activos sumaban Q.3 mil 861 millones, sin embargo Finanzas asegura que es un monto de Q.1,705 millones.
ý Constante fortalecimiento presupuestario del Ejército Nacional, contrario al debilitamiento del Ministerio de Gobernación –MINGOB-, el cual es el encargado de la seguridad ciudadana. Q.35 millones más se le han dado al Ministerio de la Defensa en su presupuesto, Q16 millones se debilitaron al MINGOB y el Instituto de Previsión Militar -IPM- incrementó en Q.58 millones sus recursos para el 2012, sin contar propiedades que le fueron cedidas para su uso.
ý Favorecimiento al Ejército Nacional para el 2013 al aumentar su presupuesto en más de Q.380 millones, lo cual es una muestra evidente de la perspectiva militar que rige a Otto Pérez Molina, puesto que con estos recursos planea graduar más elementos militares y mejorar la seguridad ciudadana, una tarea eminentemente de la Policía Nacional Civil -PNC-.
ý El Usufructo otorgado de una parte de la Empresa Portuaria Quetzal -EPQ- a la española Transporte de Contenedores de Barcelona (TCB) por un plazo de 25 años, sobre todo por el secretismo en el que se dio la firma del contrato. Se obvió el uso de la Ley de Contrataciones del Estado y la negociación se mantuvo en silencio hasta que trabajadores de la portuaria denunciaron el hecho.
ý Sobrevaloración de fertilizante en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- por un monto de Q. 55 millones. Situación peligrosa si se toma en cuenta la baja ejecución presupuestaria que ese ministerio mantuvo durante el año, lo cual se presta para adquirir productos de mala calidad y sobrevalorados para ejecutar sus recursos.
ý El soborno que el diputado oficialista Estuardo Galdámez hizo a un periodista para “agradarlo por su labor informativa” a un precio de Q.2 mil, que incluso consta en un audio. Aún más deplorable resulta que el Congreso de la República únicamente impusiera una amonestación verbal al diputado Galdámez. Este tipo de acciones que no son condenadas, fortalecen la impunidad en Guatemala.
ý La corrupción denunciada por José Rubén Zamora en el tráfico de cocaína y la cual involucra a un conjunto de figuras públicas de Guatemala, una situación grave que merece toda la atención del MP y de las autoridades encargadas de combatir el narcotráfico, puesto que la coaptación que ha logrado el tráfico ilícito de drogas alcanza hoy en día a importantes dirigentes del actual gobierno e instituciones públicas.
ý La elección del Procurador de los Derechos Humanos –PDH- por ser este un ex congresista, y porque su elección dentro del congreso se pudo prestar a negociaciones directas con los demás integrantes de las bancadas que se encuentran en el palacio legislativo.
ý El discurso a favor de la transparencia que se contradijo con la voluntad política de los diputados del oficialismo, y que se manifiesta en la negativa a aprobar la Ley del Registro Único de Celulares, herramienta que aumentaría el control sobre el uso de la telefonía para las extorsiones además de incrementar los ingresos tributarios del Estado.
ý Mayor endeudamiento al aumentar en Q.7 mil millones el presupuesto general de ingresos y egresos 2013, porque las leyes de actualización tributaria no lograran recabar los Q.54 mil millones y los Q.12 mil millones más se espera que se obtengan de donaciones y regalías para hacer un total de Q.66 mil millones. Guatemala no puede financiar este presupuesto.
ý Gastos excesivos por parte de la Vicepresidenta Roxana Baldetti, los cuales comprendieron la compra de chocolates, perfumes y licores por un monto de Q.19 mil. Además diputados opositores acusaron a la Vicepresidenta de tener a su cargo personal del Palacio Legislativo.
ý Mala calificación en transparencia para el 2012, la cual nos ubica en la posición 113 de 174 países evaluados. Esto es una clara muestra que el año ha estado plagado de casos de corrupción, los cuales se gestan desde las esferas más altas de dirección del gobierno y que impiden el desarrollo nacional y la inversión extranjera en el país, sin duda las repercusiones son muchas.
Derechos Humanos y Justicia Transicional
· Derivado a la presión de la sociedad civil en Guatemala, el 4 de junio de 2009 (Decreto 19-2009), entro en vigencia la Ley de Comisiones de Postulación, la cual busca que la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia o de Magistrados de la Corte de Apelaciones: sea de la forma más transparente posible, es de resaltar que es un logro aplaudible que se forme este tipo de Comisiones y de esta forma se logre la fiscalización de los candidatos a los cargos señalados en dicha ley.
· CASO Jisela Yadel Reinoso: Sin embargo, cabe señalar que no todos los integrantes de dicha comisión son los más correctos, un ejemplo de ello es la Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de una universidad privada, quien ha emitido fallos parcializados favoreciendo con ello a personas supuestamente vinculadas al narcotráfico, esto es el caso de la Jueza Cuarta de Primera Instancia Penal Jisela Yadel Reinoso Trujillo que con una de sus resoluciones dejo en libertad a Sofía Castañeda[1] quien presuntamente tiene nexos con narcotraficantes, y a quien en días recientes le fueron expropiados a través de la Ley de Extinción de Dominio, más de veintidós bienes inmuebles por ser de dudosa procedencia.
· Así también en otra resolución la Jueza Jisela Reinoso, jueza cuarta Penal, resolvió devolverle Q3.7 millones a una empresa de cartón —fuera de plaza—, pese a que el Juzgado de Extinción de Dominio había autorizado el embargo de US$472 mil 360 dólares —unos Q3.7 millones—.[2]
· Por lo cual queda en duda su honorabilidad para ser tomada en cuenta su participación como integrante de la Comisión de Postulación. Es motivo de análisis que en días recientes integro la Comisión de Postulación para elegir a los candidatos que conformaran el Consejo del Ministerio Público.
· Rescatamos el hecho que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- funcionará hasta el 2015 en el país. Sin duda los casos de alto impacto que hoy en día se conocen nunca hubieran salido a la luz pública sin su instauración.
Antonio Arenales Forno (defensor declarado del genocidio)
COPREDEH-SEPAZ
“El operador del presidente para promover
la impunidad en casos de desaparición forzada,
es el actual Secretario de la Paz”.
Mario Polanco
· En los anteriores gobiernos se ha visibilizado esfuerzos por contribuir con la memoria histórica del país, esto en el caso de la Secretaria de la Paz, en la cual se han realizado investigaciones en cuanto a los documentos provenientes de los archivos del ejército. Sin embargo en el actual gobierno del General Otto Pérez Molina, estos esfuerzos han sido reprimidos de tal forma que al asumir el Secretario de la Paz -SEPAZ- Antonio Arenales Forno destituyo a la mayor parte del personal, obstaculizando cualquier esfuerzo que contribuya con la Memoria Histórica.[3]
· El Secretario de la Paz, es el operador político del Presidente Otto Pérez Molina, de tratar de negar que en Guatemala existió Genocidio, al grado de negarlo públicamente: "Me indigna que se afirme que en Guatemala hubo genocidio”[4] estas declaraciones las realizo al mes de haber asumido el gobierno.
Desarrollo Rural, Minería y Totonicapán
Responsabilidad del Sector Privado en el Subdesarrollo Rural
La responsabilidad de los problemas estructurales que aun no se han superado en el país, es responsabilidad de todos, es necesario afrontarlos y superar posiciones y pensamientos de sistemas económicos pasados, de exclusión y de beneficio de unos pocos. Lamentamos la posición que ha adoptado el sector empresarial aglutinado en la Cámara del Agro y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF-, puesto que por una parte se jactan de la responsabilidad social empresarial que practican y por otro se oponen férreamente a la aprobación de la Iniciativa de Ley 40-84, Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, que lo único que persigue es el desarrollo humano integral sostenible en el área rural, para alcanzar una calidad de vida e iniciar el proceso hacia una seguridad alimentaria y posteriormente soberanía alimentaria, garantizando además el estricto cumplimiento de los derechos de los sujetos de la presente ley, que hasta el día de hoy no se cumplen en dicho sector de la población
Medio ambiente y minería
Cuando se plantean porcentajes altos de cobros a las empresas por la explotación y extracción de minerales, el sector privado muestra una clara intención de favorecer los intereses de estas, situación vergonzosa si en el presente es una ofensa para el pueblo de Guatemala que solamente el 1% le es entregado. Además se debe agregar que no se hacen los estudios de impacto ambiental para evitar la contaminación de las fuentes hídricas o el desvió de las mismas, destruyendo el medio ambiente, dejando en completa vulnerabilidad a las comunidades, a las cuales no les consultan antes de las concesiones o no son tomadas en cuenta las decisiones que toman cuando celebran consultas comunitarias.
Es preocupante el nivel de confrontación que crea esto tal y como se vio recientemente en San José del Golfo, donde unos supuestos trabajadores de una Minera, insultaron, agredieron y amenazaron con causarles lesiones graves e incluso atentar en contra de sus vidas, por el hecho que los miembros de dicha comunidad se oponen a la destrucción de sus Recursos Naturales.
Masacre en Totonicapán
El actual gobierno ha demostrado una total incapacidad de diálogo, tratando de imponer políticas que han creado conflictividad social, siendo de los problemas más grandes la muerte de 6 campesinos de los 48 Cantones de Totonicapán, en una manifestación que demostraba el total rechazo a la reformas magisteriales, las reformas constitucionales y por los cobros arbitrarios de las empresas distribuidoras de energía eléctrica.
Es una actitud irresponsable del actuar gobierno, el haber enviado a miembros del ejército a tratar de disolver la manifestación que dejo como saldo la muerte de los campesinos. Y aunque reconocemos que el MP dio muestras de haber avanzado en la persecución penal, lamentamos que a la presente fecha únicamente se estén procesando por estas acciones a 8 soldados y a un coronel y que no se haya continuado con la investigación e iniciar proceso legal en contra de todos los responsables atendiendo a la cadena de mando.
Guatemala 13 de diciembre del 2012
