El 13 de enero de 2012, el Grupo de Apoyo Mutuo –GAM-, presento una denuncia ante el Ministerio Publico en contra de miembros del Frente “Javier Tambriz”, de la facción guerrillera Organización del Pueblo en Armas –ORPA-, específicamente contra Pedro Palma Lau conocido como “Comandante Pancho, Luis Antonio Santa Cruz Mendoza “Capitán Pablo”, Jaime Aurelio Tun Luch “Capitán Hernán”, por su presunta participación en la masacre denominada “Masacre del Aguacate”, hecho realizado el 24 de noviembre de 1988, en la comunidad el Aguacate, San Andrés Itzapa, Chimaltenango, donde fueron masacrados 22 campesinos.
La Comunidad del Aguacate se encontraba ubicada aproximadamente a 3 kilómetros de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, según el informe Número 06/91, caso 10.400, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la comunidad estaba habitada por 34 familias, 38 hombres, 40 mujeres y 90 niños, en ese tiempo el ejército de Guatemala era quien controlaba el área, ya que tenia instalada a 5 kilómetros del lugar, la zona 302.
Según el Informe Guatemala, Memoria del Silencio, integrantes del frente guerrillero Javier Tambriz, de la Organización del Pueblo en Armas –ORPA-, se movilizaba en la zona montañosa aledaña a la comunidad, teniendo como retaguardia el volcán de Atitlán, a mediados de 1988, la ORPA toma la decisión de ocupar el área destacando una patrulla de 10 hombres para generar las condiciones necesarias para que posteriormente las fuerzas principales llegaran a concentrarse con ellos y desarrollar la operación, siendo necesario actuar con precisión y absoluto secreto.
En ese contexto el 22 de noviembre de 1988 Carlos Humberto Guerra Callejas sale de su casa con dirección al lugar llamado el Astillero de San Isidro, en busca de unas vacas que se le habían extraviado, dando con la posición de la patrulla guerrillera siendo detenido por estos; al no regresar Carlos Humberto Guerra Callejas a su casa, un grupo de familiares y amigos inician su búsqueda el mismo día de su desaparición, continuando el 23 de noviembre con resultados infructuosos.
El 24 de noviembre emprenden nuevamente la búsqueda divididos en 3 grupos de 10 personas cada uno y especulando que pudiera tratarse de un secuestro, le piden al pastor evangélico que los acompañe, en la búsqueda los primeros dos grupos de campesinos se encuentran con la patrulla guerrillera y estos creyendo que los campesinos eran una avanzada del ejercito los detienen, el comandante de la patrulla conocido como “David” reúne a su gente y haciendo un balance de la situación y tomando en cuenta la importancia de la operación y la secretividad con que se debe de actuar toma la decisión de ejecutar a todos los campesinos capturados e incluso a su propio informante, por presumir que este se había convertido en informante del ejercito y en todo caso, sería testigo de la ejecución que se acababa de ordenar.
Uno a uno los campesinos fueron asesinados mediante estrangulación, utilizaron este método ya que si utilizaban armas de fuego llamarían la atención; las personas que fueron asesinadas fueron en total 22 incluyendo al informante de la ORPA, siendo las victimas: Antonio Olivares Bancés, Carlos Humberto Guerra Callejas, Cristóbal Chuy Pixtun, Factor Callejas Guerra, Francisco Román Callejas Guerra, Horacio Tajtaj Callejas, Isidro Guerra Castellanos, Jaime Callejas Tobar, José Gabriel Salvajan Gómez, José Leonel Callejas Ajpuac, José Luis Callejas Meléndez, Juan Oswaldo Salazar Callejas, Julio Gerardo Callejas Guerra, Luis Haroldo Callejas Tobar, Luis Callejas Tobar, Manuel Nieves Tajtaj Coyan, Oscar Rolando Callejas Tobar, Pedro Guerra Marroquín, Rogelio Callejas Guerra, Romualdo Callejas Guerra, Rosalio Callejas Guerra y Nicolás Chiquibal Petzey.
Más de dos décadas han transcurrido desde que se realizo este hecho, sin que existan avances en el esclarecimiento del mismo, es por ello que el Grupo de Apoyo Mutuo presento esta denuncia, tomando como base el principio de igualdad ante la ley, todo delito debe ser sancionado, además la justicia transicional es necesaria en Guatemala, para fortalecer el estado de derecho, conocimiento de la verdad, la reconstrucción del tejido social y el acceso a la justicia de las víctimas y familiares de víctimas del Conflicto Armado Interno, contribuyendo de esta forma a una verdadera reconciliación nacional.
La paz se fundamenta en los pilares de verdad y justicia aplicada sin distinción alguna.
Guatemala, 01 de febrero de 2012
