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viernes, 14 de diciembre de 2012

Reflexiones del período estatal 2012

 
El 14 de enero del presente año asumió el cargo de Presidente de la República de Guatemala Otto Pérez Molina, con este hecho las esperanzas de los guatemaltecos y guatemaltecas renacieron esperando un cambio en la dirección del país.

A 11 meses de haber asumido el cargo, la situación del país continúa convulsionada, muchas crisis ha pasado el mandatario y sus acciones se han visto marcadas por un conjunto de malas decisiones que han repercutido en el repudio social.

El GAM presenta a continuación una evaluación de lo que el 2012 ha dejado para la nación, tomando en cuenta las acciones positivas y negativas, esto es lo que marcó el primer año de gobierno.

Seguridad
La seguridad  en el país ha sido un tema de suma importancia a tratar por los gobiernos de turno, es poco lo que estos han podido lograr ya que esta obedece a factores estructurales muy profundos que de no ser atendidos en su complejidad, los esfuerzos que cualquier gobierno lleve a cabo serán únicamente una intensión más pero no una solución.
El país sufre serios problemas de exclusión social, salud, educación y trabajo como derechos fundamentales de los guatemaltecos, derechos que están siendo continuamente atropellados. A lo anterior se suman las mafias y el crimen organizado el cual ha permeado el Estado y sus instituciones, agudizando los índices de violencia e inseguridad al proporcionar condiciones favorables para la impunidad y la corrupción, situación que a su vez mengua el andar del bagaje estatal para procurar las garantías de las y los guatemaltecos.
En su primer año de gobierno el Presidente Otto Pérez Molina, ha expresado públicamente interés en el tema de violencia y seguridad, llevando a cabo la incorporación de fuerza de tarea especializadas a la Policía Nacional Civil e incorporando al ejército en el trabajo de control de violencia en las aéreas urbanas. Esta situación ha sido bien recibida por la ciudadanía que ante la ola de violencia vive espera un remedio inmediato a tal situación. Sin embargo a criterio del GAM ha llegado el momento de pasar de la declaración a la práctica.
La implementación de estas fuerzas de tarea en trabajo conjunto con el ejército ha sido una de las acciones positivas en el combate a este fenómeno tan desastroso como es la violencia, logrando en el periodo de los once meses transcurridos un descenso en la misma del 2% en relación al año anterior,  lo que sin duda es un avance positivo, principalmente para algunas de las áreas de alto riesgo de la capital conocidas como zonas rojas donde destaca la zona 18, la cual ha reducido considerablemente el número de muertes violentas desde la implementación en el mes de septiembre de la fuerza de tarea Maya.
Sin embargo el avance del 2% en reducción de la violencia no llena la expectativa latente a la promesa hecha en campaña por el hoy presidente Otto Pérez Molina, quien prometiendo la reducción de la violencia en el país en un 20%  durante su primer año de gobierno, la cual no ha  podido cumplir por un 18% , a esto también se suma el hecho de que no ha habido avance en el trabajo a la reforma policial, la cual pretende mejorar la calidad y la preparación de los agentes de la Policía Nacional Civil para la seguridad ciudadana. De no existir el fortalecimiento a la entidad encargada de la seguridad ciudadana, solamente se estarán emprendiendo acciones de emergencia como las tarea de seguridad mencionadas, las cuales tienen por el momento una buena función pero su sostenibilidad puede ser cuestionable debido a que se focalizan en unos pocos sectores y, a que la seguridad depende de su permanencia en estos.
Sin duda el reto es grande para lograr reducir los índices de violencia en el país y no puede lograse en tan poco tiempo, es una tarea primordial brindar atención a los detonantes mencionados al inicio, que al final del día son los causantes de la violencia, es preciso recordar que es deber del Estado brindar las garantías básicas para sus habitantes, principalmente el resguardo de la vida, pero a su vez también debe generar las condiciones idóneas para que estos mismos puedan desarrollarse y contribuir al cambio tan necesario para el país.
Transparencia
A partir del discurso a favor de la transparencia abanderado por el partido oficial durante las elecciones del 2011, resulta pertinente hacer la evaluación del primer año de gobierno, sobre todo por la expectativa que desde el binomio presidencial se origino en el tema.
Separamos lo positivo de lo negativo, sin embargo adelantamos que el gobierno de Otto Pérez Molina ha fallado, las expectativas que se generaron han sido frustradas y la población ha tenido que enfrentar al igual que con el gobierno anterior altos niveles de corrupción.
Lo bueno:
ü  La labor de la Contraloría General de Cuentas -CGC- llevó a esta institución a realizar reparos por un monto de Q.1 mil 475 millones a distintas entidades encargadas de ejecutar obra pública. Malos procedimientos en adjudicaciones fueron denunciados por Nora Segura de Delcompare, funcionaria encargada del ente, sin embargo acciones penales se entrampan en el Ministerio Público –MP- y quedan impunes. 
ü  La CGC multó por un monto de Q.47 millones a 41 Organizaciones No Gubernamentales -ONG- que ejecutan obra pública. El monto de los contratos ascendía a un total de Q.464 millones y los nombres de las mismas fueron públicamente dados a conocer. No obstante la Fiscal General del MP, Claudia Paz y Paz no tiene ningún interés en investigar estos casos, puesto que las denuncias por corrupción que se dieron en el año suman un total de 480 casos que no han tenido mayor avance en su proceso.
ü  La aprobación de la Ley contra la Corrupción, a pesar del cuestionable proceso de su sanción, supone un instrumento más para que el país pueda dar cumplimiento a la Convención Interamericana contra la Corrupción. A partir de ahora se debe velar por su estricto cumplimiento y evitar las prácticas corruptas de los servidores públicos.
Lo malo:
ý  El poco respeto que los actuales funcionarios han tenido a la Ley de Contrataciones del Estado para adquirir servicios y productos. Entidades centralizadas y descentralizadas han hecho uso del modelo de compra directa, las cuales hasta hace un mes ascendían a un total de Q.285 millones. A manera de ejemplo podemos mencionar casos como la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad –SAAS-, el Ministerio de Desarrollo Social y el Fondo Nacional para la Paz –FONAPAZ-. Este mecanismo comprende desde la fragmentación de las compras, hasta el beneficio de un solo proveedor.
ý  La incesante corrupción que se da en el FONAPAZ-. La adquisición de pilas y láminas a precios sobrevalorados provocaron que la compra de las primeras se suspendiera. Este al igual que otros fideicomisos del Estado se han convertido en focos principales de la corrupción. Ni el Ministerio de Finanzas ni el Banco de Guatemala y tampoco la Superintendencia de Bancos coinciden en los montos dados en administración al sector bancario por todos los fideicomisos. Esta ultima estima que al final de 2011 los activos sumaban Q.3 mil 861 millones, sin embargo Finanzas asegura que es un monto de Q.1,705  millones.
ý  Constante fortalecimiento presupuestario del Ejército Nacional, contrario al debilitamiento del Ministerio de Gobernación –MINGOB-, el cual es el encargado de la seguridad ciudadana. Q.35 millones más se le han dado al Ministerio de la Defensa en su presupuesto, Q16 millones se debilitaron al MINGOB y el Instituto de Previsión Militar -IPM- incrementó en Q.58 millones sus recursos para el 2012, sin contar propiedades que le fueron cedidas para su uso.
ý  Favorecimiento al Ejército  Nacional para el 2013 al aumentar su presupuesto en más de Q.380 millones, lo cual es una muestra evidente de la perspectiva militar que rige a Otto Pérez Molina, puesto que con estos recursos planea graduar más elementos militares y mejorar la seguridad ciudadana, una tarea eminentemente de la Policía Nacional Civil -PNC-.

ý  El Usufructo otorgado de una parte de la Empresa Portuaria Quetzal -EPQ- a la española Transporte de Contenedores de Barcelona (TCB) por un plazo de 25 años, sobre todo por el secretismo en el que se dio la firma del contrato. Se obvió el uso de la Ley de Contrataciones del Estado y la negociación se mantuvo en silencio hasta que trabajadores de la portuaria denunciaron el hecho.
ý   Sobrevaloración de fertilizante en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- por un monto de Q. 55 millones. Situación peligrosa si se toma en cuenta la baja ejecución presupuestaria que ese ministerio mantuvo durante el año, lo cual se presta para adquirir productos de mala calidad y sobrevalorados para ejecutar sus recursos.
ý  El soborno que el diputado oficialista Estuardo Galdámez hizo a un periodista para “agradarlo por su labor informativa” a un precio de Q.2 mil, que incluso consta en un audio. Aún más deplorable resulta que el Congreso de la República únicamente impusiera una amonestación verbal al diputado Galdámez. Este tipo de acciones que no son condenadas, fortalecen la impunidad en Guatemala.
ý  La corrupción denunciada por José Rubén Zamora en el tráfico de cocaína y la cual involucra a un conjunto de figuras públicas de Guatemala, una situación grave que merece toda la atención del MP y de las autoridades encargadas de combatir el narcotráfico, puesto que la coaptación que ha logrado el tráfico ilícito de drogas alcanza hoy en día a importantes dirigentes del actual gobierno e instituciones públicas.
ý  La elección del Procurador de los Derechos Humanos –PDH- por ser este un ex congresista, y porque su elección dentro del congreso se pudo prestar a negociaciones directas con los demás integrantes de las bancadas que se encuentran en el palacio legislativo.
ý  El discurso a favor de la transparencia que se contradijo con la voluntad política de los diputados del oficialismo, y que se manifiesta en la negativa a aprobar la Ley del Registro Único de Celulares, herramienta que aumentaría el control sobre el uso de la telefonía para las extorsiones además de incrementar los ingresos tributarios del Estado.
ý  Mayor endeudamiento al aumentar en Q.7 mil millones el presupuesto general de ingresos y egresos 2013, porque las leyes de actualización tributaria no lograran recabar los Q.54 mil millones y los Q.12 mil millones más se espera que se obtengan de donaciones y regalías para hacer un total de Q.66 mil millones. Guatemala  no puede financiar este presupuesto.
ý  Gastos excesivos por parte de la Vicepresidenta Roxana Baldetti, los cuales comprendieron la compra de chocolates, perfumes y licores por un monto de Q.19 mil. Además diputados opositores acusaron a la Vicepresidenta de tener a su cargo personal del Palacio Legislativo.
ý  Mala calificación en transparencia para el 2012, la cual nos ubica en la posición 113 de 174 países evaluados. Esto es una clara muestra que el año ha estado plagado de casos de corrupción, los cuales se gestan desde las esferas más altas de dirección del gobierno y que impiden el desarrollo nacional y la inversión extranjera en el país, sin duda las repercusiones son muchas.

Derechos Humanos y Justicia Transicional

·         Derivado a la presión de la sociedad civil en Guatemala, el 4 de junio de 2009 (Decreto 19-2009), entro en vigencia la  Ley de Comisiones de Postulación, la cual busca que la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia o de Magistrados de la Corte de Apelaciones:  sea de la forma más transparente posible, es de resaltar que es un logro aplaudible que se forme este tipo de Comisiones y de esta forma se logre la fiscalización de los candidatos a los cargos señalados en dicha ley.

·         CASO Jisela Yadel Reinoso: Sin embargo, cabe señalar que no todos los integrantes de dicha comisión son los más correctos, un ejemplo de ello es la Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de una universidad privada, quien ha emitido fallos parcializados favoreciendo con ello a personas supuestamente vinculadas al narcotráfico, esto es el caso de la Jueza Cuarta de Primera Instancia Penal Jisela Yadel Reinoso Trujillo que con una de sus resoluciones dejo en libertad a Sofía Castañeda[1] quien presuntamente tiene nexos con narcotraficantes, y a quien en días recientes le fueron expropiados  a través de la Ley de Extinción de Dominio,  más de veintidós bienes inmuebles por ser de dudosa procedencia.
·         Así también en otra resolución la Jueza Jisela Reinoso, jueza cuarta Penal, resolvió devolverle Q3.7 millones a una empresa de cartón —fuera de plaza—, pese a que el Juzgado de Extinción de Dominio había autorizado el embargo de US$472 mil 360 dólares —unos Q3.7 millones—.[2]
·         Por lo cual queda en duda su honorabilidad para ser tomada en cuenta su participación como integrante de la Comisión de Postulación. Es motivo de análisis que en días recientes integro la Comisión de Postulación para elegir a los candidatos que conformaran el Consejo del Ministerio Público.
·         Rescatamos el hecho que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- funcionará hasta el 2015 en el país. Sin duda los casos de alto impacto que hoy en día se conocen nunca hubieran salido a la luz pública sin su instauración. 

 Antonio Arenales Forno (defensor declarado del genocidio)

COPREDEH-SEPAZ

“El operador del presidente para promover
 la impunidad en casos de desaparición forzada,
es el actual Secretario de la Paz”.
Mario Polanco



·         En los anteriores gobiernos se ha visibilizado esfuerzos por contribuir con la memoria histórica del país, esto en el caso de la Secretaria de la Paz, en la cual se han realizado investigaciones en cuanto a los documentos provenientes de los archivos del ejército. Sin embargo en el actual gobierno del General Otto Pérez Molina, estos esfuerzos han sido reprimidos de tal forma que al asumir el Secretario de la Paz -SEPAZ- Antonio Arenales Forno destituyo a  la mayor parte del personal, obstaculizando cualquier esfuerzo que contribuya con la Memoria Histórica.[3]
·         El Secretario de la Paz, es el operador político del Presidente Otto Pérez Molina, de tratar de negar que en Guatemala existió Genocidio, al grado de negarlo públicamente: "Me indigna que se afirme que en Guatemala hubo genocidio”[4]  estas declaraciones las realizo al mes de haber asumido el gobierno.

Desarrollo Rural, Minería y Totonicapán
Responsabilidad del Sector Privado en el Subdesarrollo Rural
La responsabilidad de los problemas estructurales que aun no se han superado en el país, es responsabilidad de todos,  es necesario afrontarlos y superar  posiciones  y pensamientos de sistemas económicos pasados, de exclusión y de beneficio de unos pocos. Lamentamos la posición que ha adoptado el sector empresarial aglutinado en la Cámara del Agro y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF-, puesto que por una parte se jactan de la responsabilidad social empresarial que practican y por otro se oponen férreamente a la aprobación de la Iniciativa de Ley 40-84,  Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, que  lo único que persigue es el desarrollo humano integral sostenible en el área rural, para alcanzar una calidad de vida e iniciar el proceso hacia una seguridad alimentaria y posteriormente soberanía alimentaria,  garantizando además el  estricto cumplimiento de los derechos de los sujetos de la presente ley, que hasta el día de hoy no se cumplen en dicho sector de la población
Medio ambiente y minería
Cuando se plantean porcentajes altos de cobros a las empresas por la explotación y extracción de minerales, el sector privado muestra una clara intención de favorecer los intereses de estas, situación vergonzosa si en el presente es una ofensa para el pueblo de Guatemala que solamente el 1% le es entregado. Además se debe agregar que no se hacen los estudios de impacto ambiental para evitar la contaminación de las fuentes hídricas o el desvió de las mismas, destruyendo el medio ambiente, dejando en completa vulnerabilidad a las comunidades, a las cuales no les consultan antes de las concesiones o no son tomadas en cuenta las decisiones que toman cuando celebran consultas comunitarias.
Es preocupante el nivel de confrontación que crea esto tal y como se vio recientemente en San José del Golfo, donde unos supuestos trabajadores de una Minera, insultaron, agredieron y amenazaron con causarles lesiones graves e incluso atentar en contra de sus vidas, por el hecho que los miembros de dicha comunidad se oponen a la destrucción de sus Recursos Naturales.
Masacre en Totonicapán
El actual gobierno ha demostrado una total incapacidad de diálogo, tratando de imponer políticas que han creado conflictividad social, siendo de los problemas más grandes la muerte de 6 campesinos de los 48 Cantones de Totonicapán, en una manifestación que demostraba el total rechazo a la reformas magisteriales, las reformas constitucionales y por los cobros arbitrarios de las empresas distribuidoras de energía eléctrica.
Es una actitud irresponsable del actuar gobierno, el haber enviado a miembros del ejército a tratar de disolver la manifestación que dejo como saldo la muerte de los campesinos. Y aunque reconocemos que el MP dio muestras de haber avanzado en la persecución penal, lamentamos que a la presente fecha únicamente se estén procesando  por estas acciones a 8 soldados y a un coronel  y que no se haya continuado con la investigación e iniciar proceso legal en contra de todos los responsables atendiendo a la cadena de mando.

Guatemala 13  de diciembre del 2012


[1] Diario Prensa Libre 5 de diciembre del 2012.
[2] Diario Prensa Libre 30 de noviembre del 2012
[3] Diario la hora 29 de junio del 2012
[4] Diario “El Periódico” 28 de febrero 2012

miércoles, 28 de noviembre de 2012

LOS DESAPARECIDOS NO DEBEN VOLVER A DESAPARECER

Conferencia de prensa GAM
El GAM manifiesta su total rechazo a la posicion del gobierno de Otto Pérez Molina, al tratar de negar las existencia de 45,000 victimas de desaparición forzada durante el Conflicto Armado Interno, segun declaraciones del Secretario de la Paz y Presidente de COPREDEH,   negando ademas la responsabilidad del Estado en esos delitos. Esto constituye una falta de respeto para las victimas y  familiares de las víctimas.

El Grupo de Apoyo Mutuo –GAM-, manifiesta su preocupación debido a que el gobierno de Otto Pérez Molina, está promoviendo la impunidad en casos de desaparición forzada de personas, al mantener la postura que los responsables de este delito de lesa humanidad, no deben ser procesados argumentando la supuesta prescripción.

La Corte de Constitucionalidad  ha emitido tres sentencias contestes en igual número de casos que han permitido el inicio de investigaciones y procesos penales contra responsables de estos hechos delictivos. A la presente fecha  miles de familias de personas desaparecidas albergan la esperanza de que se esclarezca los 45,000 casos pendientes de investigación.

Guatemala ocupa el primer lugar en casos de desaparición forzada de personas en el mundo, Según el punto resolutivo del Congreso de la República 19-04 establece que existen 45,000 guatemaltecas y guatemaltecos desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno y manifiestan que su búsqueda y localización es de urgencia nacional, nueve años después los gobiernos de Oscar Berger, Alvaro Colom y ahora Otto Pérez expresan falta de una voluntad política para esclarecer estos hechos, al contrario tratan no solo de ignorar, sino de negar la historia reciente del país, aunque reconocemos el esfuerzo de algunos miembros del Ministerio Publico y del Organismo Judicial, en el avance de algunos casos procesos, el Organismo Ejecutivo poco es lo que ha hecho para que 45 mil familias conozcan el paradero de sus seres queridos.

La desaparición forzada de personas ha sido en la historia una práctica deleznable, que en su condición de delito de ofensa múltiple atenta no solo contra la víctima sino contra  toda la humanidad, tan es así que fue utilizada por el mal recordado Adolfo Hitler, en la denominada operación “Noche y Niebla”, estrategia que prefería la condena a la incertidumbre de una persona a tener un cuerpo que martirizar, práctica que fue utilizada en Guatemala como política de Estado, ejecutada a través de elementos del Estado.

Consideramos que el mandatario nombrando y manteniendo en su puesto a personas como el actual  Secretario de la Paz, contraviene y obstaculiza el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, mismos que signo y promovió, tergiversando lo contenido en el ordenamiento jurídico nacional y además obviando lo establecido en los tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, integrado por la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, en reiteradas oportunidades tanto en Acuerdos de Solución Amistosa, como en sentencias de la Corte, se ha pronunciado en reiteradas oportunidades, sobre la imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada de personas, cabe mencionar que durante todos los gobiernos anteriores se ha reconocido la jurisdicción y competencia de los mecanismos del Sistema Interamericano, ya que estos no dependen de un gobierno, sino de los compromisos asumidos por los Estados.

En la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas, en el Articulo II establece “Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes” y en el Articulo III establece “Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. (La cursiva, el resaltado y subrayado son propios).

Los Estados Partes podrán establecer circunstancias atenuantes para los que hubieren participado en actos que constituyan una desaparición forzada cuando contribuyan a la aparición con vida de la víctima o suministren informaciones que permitan esclarecer la desaparición forzada de una persona.

A nivel interno, el Código Penal de Guatemala establece en el Articulo 201 TER.  “Comete el delito de desaparición forzada quien, por orden, con la  autorización o apoyo de autoridades del Estado, privare en cualquier forma de la libertad a  una o más personas, por motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar  su destino o reconocer su detención, así como el funcionario o empleado público, pertenezca o no a los cuerpos de seguridad del Estado, que ordene, autorice, apoye o de  la aquiescencia para tales acciones. 

Constituye delito de desaparición forzada, la privación de la libertad de una o más  personas, aunque no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los  cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen  arbitrariamente o con abuso o exceso de fuerza. Igualmente, cometen delito de  desaparición forzada, los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con  fines terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin delictivo, cuando  cometan plagio o secuestro, participando como miembros o colaboradores de dichos  grupos o bandas. 



El delito se considera permanente en tanto no se libere a la víctima. (La cursiva, el resaltado y subrayado son propios). 

El reo de desaparición forzada será sancionado con prisión de veinticinco a cuarenta  años. Se impondrá la pena de muerte en lugar del máximo de prisión, cuando con motivo  u ocasión de la desaparición forzada, la víctima resultare con lesiones graves o  gravísimas, trauma psíquico o psicológico permanente o falleciere."

La Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado respecto a la imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada de personas, en los siguientes casos: el denominado “El jute”, el caso por la desaparición forzada de Edgar Fernando García y el caso denominado “Caso Cusanero”.

Corte de Constitucionalidad “el examen de mérito explica el carácter permanente con el que figura positivado aquel en la legislación guatemalteca y porqué no entraña retroactividad en su aplicación. Ya que la desaparición forzada pudo haber iniciado con antelación a la entrada en vigencia de la norma que describe como ilícita y penable, pero aquel carácter permanente recogido en el Código Penal, supone que, en caso de persistir, los hechos de desconocer el paradero de la víctima , queda dentro del ámbito de la vigencia de la ley en el tiempo, ya no importa si la norma fue legislada en el momento de iniciado sino que esté vigente en el momento de su consumación, es decir durante todo el tiempo mientras no se conozca el paradero de la víctima….”. “Ello implica por ende que todos los momentos de su duración pueden ser considerados consumación, por lo que constituye una dilación o duración en el estado mismo de la consumación”,  continua manifestando la Corte que “El carácter permanente con que aparece tipificada la desaparición forzada en el Código penal, se encuentra en consonancia con el contenido de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, ratificada por Guatemala el 25 de febrero del 2000, en cuyo Articulo III aparece dispuesto, los Estados Partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas y a imponerles una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad”,  por lo que el delito de desaparición forzada cometido en contra de la humanidad de las 45,000 víctimas   persiste en el tiempo mientras no sean liberados y se oculte su paradero.

El Estado de Guatemala somos todas y todos,  siendo una organización que durante 28 años ha buscado justicia para los desaparecidos,  nos oponemos a declaraciones que hieren los sentimientos de un pueblo que ha luchado contra todas las adversidades y busca la verdad y la concordia.

El paso de los funcionarios por el gobierno es fugaz, mientras que la lucha por la construcción de la paz debe ser perenne.
Guatemala, 28 de noviembre de 2012

¡Más de 28 años de búsqueda de justicia, para las víctimas de  violaciones a Derechos Humanos!

martes, 28 de agosto de 2012

GAM CUENTA MÁS DE 100 REENCUENTROS

La Hora - Tribuna, No Mostrador
Un reencuentro con la identidad
GAM CUENTA MÁS DE 100 REENCUENTROS
El conflicto armado interno que vivió Guatemala en el pasado dejó a miles de familias separadas y provocó un fenómeno que los expertos llaman “rupturas en el tejido social”. Hoy surgen esfuerzos para reconstruir y reparar los daños que ocasionaron los 36 años de violencia entre las fuerzas estatales y las insurgentes, con el acercamiento de familiares que por mucho tiempo permanecieron separados. Son reencuentros con la propia identidad.
ÉDER JUÁREZ
ejuá rez@lahora.com.gt
“Recordar ese sufrimiento es duro”, comenta Guadalupe Patzán, quien a sus escasos  14 años, en 1981, tuvo que separarse de sus padres y familiares cuando el conflicto armado llegaba a una de sus etapas más cruentas y su comunidad, San Miguel, Uspantán, en Quiché, no estaba libre de sufrir las consecuencias.

Guadalupe dice que una noche observó, en lo que cree fue una incursión militar, cómo mataron y desaparecieron a los integrantes de su familia. “Ese fue el último adiós que le di a mis hermanos; desde ese momento ya no los volví a ver. No sabía si los mataron o si se encontraban con vida, pero lo cierto es que ya no volvieron”.

Recuerda que después del ataque contra su pueblo, huyó hacia Santa María de Dolores, en Ixcán –Quiché–, en donde según él vivían familiares. Se fue acompañado de sus dos hermanas menores, aunque “ellas murieron porque en las montañas no tenía como curarlas y se empezaron a morir lentamente”.

“Solo quedamos tres hermanos, los cuales nos separamos de nuevo. Ellos se quedaron y yo me fui a Chiapas, en México”, relata, sin ocultar su emoción. “La vida en México no es fácil”, pues el “ser refugiado es muy difícil, ya que la situación no lo dejaba salir a uno”.

Pero el caso de Guadalupe no es el único; miles de familias guatemaltecas se encuentran en situaciones similares, luego que sufrieran las consecuencias de ser desplazadas por los enfrentamientos ocurridos durante el conflicto armado interno.

En ese marco, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) ha realizado una serie de investigaciones profundas en las comunidades movilizadas y los grupos sobrevivientes de la violencia, para ayudar a las familias separadas por la violencia a reintegrarse y reanudar sus lazos de convivencia.


Para el reencuentro de la familia Patzán se realizaron diversas investigaciones en los diferentes departamentos y comunidades donde posiblemente se podían localizar a los hermanos separados; se coordinó con líderes comunitarios, iglesias y otros actores sociales para dar con el paradero de estas personas.
 
Después de una complicada investigación del GAM, ocurrió lo inesperado, y a sus 54 años, Guadalupe se reencontró con dos de sus hermanos, en un emotivo acto desarrollado por la organización, en la zona 1 capitalina.

“Después de todo hoy sé en donde se encuentran mis hermanos y ahora los puedo ver de vez en cuando”, dijo Guadalupe a La Hora.

EXTRAÑA DIVISIÓN

Otro es el caso de Manuela de León, quien tenía año y medio cuando asesinaron a su papá en Santa María Dolores y según cuenta, su “madre ya no sabía qué hacer”, porque no podía mantener a su numerosa familia, así que la dejó olvidada. Me separé de mis hermanos y de mi mamá, crecí sola”, comenta después de recordar con dolor los años que vivió sin su familia.

Fue entonces cuando personas de la comunidad acogieron a Manuela en sus hogares, pero durante el conflicto su suerte cambió nuevamente de manera radical. En medio de un entorno violento,  De León recuerda que huyó a Quintana Roo, en calidad de refugiada, en donde pasó la mayor parte de su vida.

Pese a no contar con mucha información sobre su situación, recientemente se rencontró con su familia hace cerca de un año, tras un largo proceso de investigaciones y trámites legales efectuados por el GAM. “Ahora me siento muy contenta de poder ver otra vez a mi mamá y a mis hermanos, es una alegría tan grande”, relata Manuela.

Ahora dice que “la vida es muy difícil” cuando se está lejos de la familia, pero ahora “nos podemos comunicar constantemente”. “Ojalá se pueda recuperar el tiempo perdido y pueda convivir en armonía con mi familia”, dice con gran emoción.
 
Esa misma situación la vivió la familia López Aguilar, cuando una tarde de fiesta en la aldea Agua Escondida, ubicada en Las Huistas, Huehuetenango, en 1980, la guerra interna vivida en el país se encontraba en uno de sus momentos más conflictivos; la familia desconocía que aquella tarde sería la última vez que estarían todos juntos.

La familia estaban conformada por cinco hermanos, quienes para su supervivencia se dedicaban principalmente a la agricultura y crianza de animales, además de atravesar de vez en cuando la frontera mexicana para cortar café.

Los rumores de hechos de violencia en contra de poblaciones indígenas circulaban en la región. "Aquel día salimos huyendo porque un amigo de la familia nos contó que habían unos militares matando gente", narra Margarito López

"A nosotros nos dio tiempo de huir hacia la montaña; ya en lo alto vimos cómo el fuego ardía en las casas de la comunidad y gente vestida de civil mataba a otros paisanos", relata Vicenta López, quien en aquel entonces únicamente contaba con 14 años de edad.

Según narración de los hermanos López, estando ya en la montaña se percataron que una patrulla militar se encontraba cerca de ellos, razón por la cual emprendieron otro escape desesperado por salvar su vida. En ese momento de angustia se dio la separación de toda la familia.

Desde aquel entonces no supieron nada de sus familiares, y vivieron con la incertidumbre si vivían o no. Los hermanos López volvieron a Guatemala en los años 1993 y 1997 respectivamente, sin conocer el paradero de los demás miembros de su familia.

Después de 30 años los hermanos López se reencontraron con el apoyo de una organización social. “Me siento muy feliz de estar de nuevo junto a mi hermano, era algo que anhelaba desde hace mucho”, señala don Margarito López

Más que simples reencuentros, organizaciones como el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) trabajan en proyectos dirigidos a reparar los daños y fracturas  en el tejido social que dejó el conflicto armado interno, lo cual implica reunir a familias separadas por la violencia, para que puedan conocer más sobre su historia reciente.

REPARANDO EL TEJIDO

Según Mario Polanco, director del GAM, los reencuentros logran en alguna medida la reconstrucción del tejido social que durante la guerra se “fracturó”. “Un elemento fundamental para la reconstrucción del tejido social es la reconciliación, y que mejor reconciliación que el encontrarse con un ser querido”, indica.

El activista explica que el recuentro es “un paso trascendental” y un elemento fundamental  para la reconciliación, pero reconoce que a la par también se debe trabajar para conocer la verdad y facilitar el acceso a la justicia, ya que solo al tener todos estos elementos se podrá hacer una reconstrucción total del tejido social, que se entiende como los lazos que cohesionan a las personas con su comunidad.

Según el Director del GAM, algunas familias todavía no comprenden por qué fueron blancos de ataques en el conflicto, no saben “por qué si ellos estaban viviendo de manera tranquila y pacíficamente en una comunidad llegaron a agredirlos personas desconocidas”.

Al referirse al caso de Guadalupe, Polanco dice que “ese es un buen paso” porque “sabemos que es un caso, pero de uno en uno se puede completar esa totalidad de casos que mantienen en incertidumbre a una buena parte de la población”.

El GAM tiene ya tiene 11 años de colaborar en más de cien reencuentros; cada uno implica un profundo trabajo de investigación y de procedimientos legales que la organización desarrolla con expertos.

Los reencuentros implican una inversión aproximada de Q30 mil por cada caso; hasta ahora, el Estado no ha aportado, pero esperan las nuevas autoridades puedan involucrarse en el proyecto.

Además el Director del GAM comenta que el aporte social que realizan en las investigaciones es sumamente importante, pues como organización están cumpliendo con el papel para el cual fueron creados: “Servir a las víctimas de violaciones a los derechos humanos” y velar por la reconstrucción del tejido social y obviamente a la reconciliación.



REGISTROS
OTROS CASOS
Después de varios meses de investigaciones en diferentes comunidades y municipios del municipio de Ixcán, del departamento de Quiché, se logró localizar a la familia de don Antonio Méndez Pérez, quienes vivían en la comunidad de Victoria 20 de Enero en tiempos del conflicto armado. Se logró localizar a la familia de don Antonio en la comunidad de Kaibil Balam, sus menores hijos actualmente viven con su abuela, ya que sobrevivieron gracias al apoyo de algunos vecinos quienes los auxiliaron hasta que fueron entregados a la abuela materna.

Los familiares de doña Juana Tum López  eran originarios de la comunidad Primavera, del municipio de San Pedro Jocopilas,  del departamento del Quiché. En 1982, a causa del conflicto, la familia se desintegró. Se logró identificar el destino de la familia de Juana Tum en la comunidad de Chija, del municipio de San Pedro Jocopilas, del departamento del Quiché, pero todos sus hermanos y sus padres fallecieron, y solo se consiguió encontrar a sus sobrinos sobrevivientes.

En San Juan Cotzal, del departamento del Quiché,  se logró localizar a la familia de doña Juana Chamay Toma, quien  buscaba a sus hermanas, Rosa  y Magda del mismo apellido,  quienes fueron separadas de su entorno familiar en el año de  1982;  Se localizó a las hermanas en la comunidad de Cancap, del municipio de San Juan Cotzal, aunque  sus padres fueron asesinados.


“Después de todo hoy sé en donde se encuentran mis hermanos y ahora los puedo ver de vez en cuando”.
Guadalupe Patzán

lunes, 27 de agosto de 2012

Pedro García Arredondo es sentenciado por la desaparición forzada de Edgar Enrique Sáenz Calito

El día de martes 21 de Agosto de 2012 fue un día histórico. Pedro García Arredondo fue sentenciado a 70 años de prisión por haber participado intelectualmente en la desaparición forzada del estudiante universitario Edgar Enrique Sáenz Calito.

El proceso legal se prolongó durante 13 meses y la investigación penal duró al menos tres años. Con documentación proveniente del Archivo Histórico de la Policía Nacional se logró comprobar la participación del ex jefe de policía.

Durante 31 años la familia de Edgar Sáenz batalló en favor de que se hiciera justicia, sin embargo la única respuesta que se recibió fue la amenaza e intimidación; Su esposa y su pequeña hija de solo cuatro años de edad se vieron en la necesidad de salir del país.

Las pruebas recabadas señalan los siguientes hechos:


1.      Edgar Enrique Sáenz Calito, fue capturado por integrantes del comando seis de la Policía Nacional el día 4 de Marzo de 1981 aproximadamente a las 17:30 horas, en las inmediaciones del telenoticiero Aquí el Mundo. En la ciudad de Guatemala.
2.      Durante 24 horas fue interrogado en un espacio denominado “El Cuartito”, luego de eso fue presentado ante los tribunales de justicia.
3.      El 9 de junio de 1981 fue absuelto por el tribunal primero de paz penal y se ordenó su liberación.
4.      Durante estos 95 días de “detención legal” fue torturado diariamente, además Pedro García Arredondo recibió diariamente un informe detallado de que hacía, con quién hablaba y quienes lo visitaban.
5.      El día de su “liberación” se ordenó a los policías apostados en las calles cercanas al centro de detención que ingresaran a las instalaciones de tal forma que no estuviera nadie en las calles y cuando Edgar Enrique Sáenz Calito junto a su esposa, hija, hermana y padre habían avanzado exactamente 115 metros sobre la calle, fueron interceptados por un grupo de hombres fuertemente armados, para recapturarlo, pero en esta ocasión no fue presentado a los tribunales.

Por otro lado Pedro García Arredondo es recordado con mucho terror por el ataque permanente a la juventud y a cualquier opositor. Puede ser responsable de miles de muertes, entre los casos emblemáticos que se le atribuyen están:

1.      La quema de la embajada de España en Guatemala.
2.      El ataque armado contra el grupo de ciudadanos que acompañaban a las víctimas quemadas en la embajada de España.
3.      La desaparición forzada de Alaíde Foppa
4.      El asesinato de Oliverio Castañeda de León secretario general de la AEU.
5.      El asesinato de Manuel Colom Argueta
6.      El asesinato de Alberto Fuentes Mohr

Esta sentencia es emblemática porque permite vislumbrar que existe la posibilidad de que termine la impunidad en Guatemala. Aunque apenas es la cuarta sentencia por desaparición forzada la sentencia permite que las familias víctimas tengan confianza de denunciar y de buscar justicia.

El Grupo de Apoyo Mutuo confía que pronto se logren otras detenciones de responsables de violaciones a los derechos humanos y se logre su castigo.

Reconocemos públicamente el apoyo irrestricto que el GAM ha recibido de parte de las siguientes instituciones:

1.      Archivo Histórico de la Policía Nacional
2.      Ministerio Público
3.      Procuraduría de los Derechos Humanos
4.      Fundación de Antropología Forense de Guatemala.

Guatemala 22 de agosto de 2012

jueves, 26 de julio de 2012

Inicio de Debate Oral y Público en contra de Pedro García Arredondo

Edgar Enrique Sáenz Calito, era un estudiante de la facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC-,  el 04 de marzo de 1981 fue capturado por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado de Guatemala.
El 09 de junio de 1981 es dejado en libertad por orden del órgano jurisdiccional competente, ese mismo día, luego de dejarlo en libertad, a una cuadra de lo quera en ese tiempo la sede del Segundo Cuerpo de la Policía Nacional, es detenido por hombres fuertemente armados vestidos de civil, quienes con lujo de fuerza y extrema violencia lo introdujeron dentro de un vehículo llevándoselo con rumbo desconocido.
Treinta y un años después de la desaparición forzada del estudiante de la USAC, Edgar Enrique Sáenz Calito, Pedro García Arredondo, Ex Jefe del Cuerpo de Detectives  y del Comando SEIS  de la Policía Nacional, enfrentará Debate Oral y Público por este hecho.
El inicio del Debate está programado para el 16 de Agosto de 2012, a las  08:30 horas, en el  Tribunal Primero de Sentencia Penal de Mayor Riesgo, Grupo “A”, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, Nivel 15, Torre de Tribunales.
El presente caso ha sido impulsado por el Grupo de Apoyo  Mutuo –GAM- contribuyendo de esta forma al fortalecimiento de la justicia, para  romper el círculo de impunidad que tanto daño le  ha hecho a nuestra sociedad.


¡Grupo de Apoyo Mutuo –GAM-, mas de 27 años de lucha en busqueda de justicia de forma integral!

Exhumación en la Comunidad Centro I Ixcan, Barillas, Huehuetenango, Guatemala.

El día 13 de de julio fueron exhumados los restos de la señora Marcela Pérez, quien fuera asesinada por miembros del ejército de Guatemala  en el año de 1982, en la comunidad centro I Ixcan, del municipio de Barillas, departamento de  Huehuetenango, Guatemala, en una de las tantas incursiones que las fuerzas de seguridad del Estado  realizaron en esa población.
 En el presente caso unos vecinos enterraron a la víctima en un terreno baldío de la comunidad.
Esta actividad se realizo en coordinación con el  Grupo de Apoyo Mutuo –GAM-  y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala –FAFG-, siendo la cuarta exhumación en lo que va del año 2012, de 10 que se tienen programadas.
Esta es la cuarta exhumación que se realiza en este año de 10 que se tienen programadas.  

¡Grupo de Apoyo Mutuo -GAM-, dispuestos a todo, menos a olvidarte!

martes, 26 de junio de 2012

Proceso en contra de Pedro García Arredondo, trasladado a Tribunal de Mayor Riesgo


El día de hoy 26 de junio de 2012, la honorable Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, autorizo el traslado del  proceso penal  en contra de Pedro García Arredondo acusado por la desaparición forzada del estudiante de la Facultad de Agronomía Edgar Enrique Sáenz Calito, a un Tribunal de Mayor Riesgo.
El proceso estaba siendo tramitado ante el Tribunal Segundo de Sentencia  Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Guatemala y fue autorizado su traslado al Tribunal Primero de Sentencia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Mayor Riesgo del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, a petición del Ministerio Publico, misma que fue compartida por el Grupo de Apoyo Mutuo –GAM-, en su calidad de Querellante Adhesivo en el presente caso.
El traslado se solicitó  como consecuencia de los actos intimidatorios en contra de las partes procesales por parte de supuestos miembros de la familia de Pedro García Arredondo, por qué el acusado fue miembro del comando SEIS y Cuerpo de Detectives respectivamente, situación por la cual se puede inferir que puede tener algún tipo de influencia aun hoy día para tratar de obstaculizar el normal curso del proceso y además  los delitos por los cuales se le sindica son de los considerados como de LESA HUMANIDAD, siendo estos Desaparición Forzada y Delitos Contra los Deberes de Humanidad.