El Estado de Guatemala niega el acceso a la información y el GAM acciona contra el Estado de Guatemala
(Ministerio de Gobernación y Programa Nacional de Resarcimiento ocultan información)
A
partir del 15 de marzo de 2010 el Grupo de Apoyo Mutuo -GAM- emprendió
una lucha basada en la ley de acceso a la información y la Convención
Interamericana contra la Corrupción para obtener datos de carácter
público en posesión de entidades gubernamentales tales como: el
Ministerio de Gobernación y el Programa Nacional de Resarcimiento -PNR-,
sin tener una respuesta positiva hasta el día de hoy.
El
ánimo del GAM es fomentar la transparencia en el uso de los recursos y
por tal razón se solicitó al Ministerio de Gobernación los contratos de
los vehículos de todo tipo, información sobre el proveedor, ya que
previo a esta solicitud se contaba con una denuncia del mal uso que se
les daba a estos recursos.
Por
otro lado al PNR se le solicitó información acerca de quiénes son los
beneficiarios, esto debido a señalamientos que se han realizado por
malos manejos de fondos de parte de las autoridades de dicho programa.
Esta
negativa del Estado de entregar la información requerida a pesar de que
las solicitudes del GAM fueron basados y fundamentados en la ley de
acceso a la información pública y la Convención Interamericana contra la
Corrupción, situación que provocó que las acciones se trasladaran a la
vía judicial interponiendo acciones constitucionales de amparo para
ambos casos, ante la negativa de la entrega de la información por ambas
entidades.
Para
el caso del PNR en enero del presente año se acude ante el máximo
órgano de interpretación constitucional, la Corte de Constitucionalidad
-CC- para plantear el recurso de apelación a lo juzgado por los
tribunales de justicia, han transcurrido 10 meses, sin que éste órgano
haya resuelto el asunto sometido a su conocimiento. Por otro lado el
caso de el Ministerio de Gobernación pese a que la Corte Suprema de
Justicia resolviera otorgando parcialmente el amparo solicitado por GAM,
la Corte de Constitucionalidad el 3 de noviembre pasado notifica que
deniega por completo la entrega de la información solicitada.
Por
lo que tanto la actitud de silencio como la negativa de la entrega de
información y el respaldo por parte de el órgano más alto que debe
garantizar el respeto de los derechos de todos los ciudadanos y
ciudadanas guatemaltecas, constituye un retardo injustificado, denegación de justicia y agotamiento de los recursos internos,
lo cual busca dilatar aún más el poder solicitar la rendición de
cuentas a quienes han administrado fondos estatales, y peor aún, que de
tener responsabilidad, civil, penal o administrativa estos funcionarios
públicos, no puedan ser juzgados dentro del mandato del ejercicio de sus
funciones, quedando impunes los actos de corrupción supuestamente
cometidos.
A
pesar de que los tribunales de justicia son los encargados de impartir
la misma, al GAM se le ha negado este derecho, mediante el atraso
injustificado de la CC en resolver el recurso de apelación interpuesto a
principios de este año, pero además la notificación reciente y
resolución definitiva de no entregar la información solicitada, se hace
necesario acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
-CIDH-, para someter a su jurisdicción el conocimiento del caso, y
esperar que sea el sistema interamericano la vía por la cual se pueda
acceder a la justicia, ante la evidente falencia del Estado de Guatemala
para proveerla y por lo tanto sea condenado por la falta de
transparencia de sus funcionarios públicos, por encontrarse estos a tan
solo 2 meses de terminar su mandato.
Dentro de las peticiones que se realizan en el escrito enviado a la CIDH están:
- Que se incluya en el informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión del 2011 el presente caso.
- Que se recomiende al Estado Guatemalteco la entrega de los datos y la transparencia dentro del ejercicio de las funciones de las entidades gubernamentales.
El
próximo 14 de enero asumirá una nueva administración pública, sin
embargo es necesario continuar ejerciendo controles de auditoría sobre
quienes actualmente pertenecen a la estructura del Estado, solamente
exigiendo transparencia a todos los integrantes del aparato estatal se
podrá avanzar en la búsqueda de transparentar el gasto público.
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